La CIA posee centros de escuchas en los alrededores de aeropuertos canarios

El Grupo parlamentario IU-ICV quiere que los parlamentos español y europeo abran una investigación sobre la existencia de centros de inteligencia contraterroristas estadounidenses en diferentes puntos de España, entre ellos Canarias (Ver texto completo de la pregunta parlamentaria al final del artículo).

Fuentes de Defensa indicaron a este diario que dos de estos centros, creados y controlados por la CIA, se hallan en los entornos de los aeropuertos de Los Rodeos y Gando.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) tiene instalados desde 2002 en Canarias dos Centros de Tecnología de Inteligencia Contraterrorista, denominados en sus siglas en inglés CTIC. Estos centros estarían ubicados en casas que pasan como viviendas sencillas en los entornos de los aeropuertos de Los Rodeos, en Tenerife, y Gando, en Gran Canaria. Según diversas fuentes, la existencia de los CTIC es conocida por los servicios secretos españoles y por el Gobierno central, y están amparados por el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que entró en vigor en febrero de 2003.

Este protocolo permite a EE UU no sólo desplegar los CTIC en territorio nacional, sino realizar todo tipo de actividades armadas secretas sin dar ninguna explicación, como las escalas de los vuelos de la CIA -nueve constadas por este diario desde 2001 en Tenerife- o las de los buques de preposición de la Armada de este país que abastecieron a las tropas en los conflictos de Afganistán e Irak -el Gobierno central confirmó que entre 2002 y 2005 se realizaron 35 en los puertos de Las Palmas, Santa Cruz y Arrecife-.
El diario The Washington Post revelaba a mediados de noviembre del año pasado la existencia de los CTIC, adscritos a la CIA, desperdigados por 20 países, entre ellos España. El convenio bilateral hispano-estadounidense obligaría a la CIA a compartir parcialmente la información obtenida a través de los CTIC y, en caso de intervención, ésta pasaría a los cuerpos de seguridad locales.

Escuchas con total impunidad

Pero, además, la alta tecnología empleada en estos centros secretos permitiría a la CIA interferir y captar en el espacio radio-eléctrico absolutamente todo tipo de comunicaciones privadas con total impunidad, un acceso incluso muy superior al de los propios servicios de seguridad locales. Los dos CTIC de Canarias así como la mayor parte de los demás no precisan de personal fijo ni de amplios espacios, aunque sí de un mantenimiento periódico. EE UU los instaló aquí con la intención principal de controlar los movimientos del terrorismo islamista en el Magreb, fundamentalmente en Marruecos, aunque a través de ellos la CIA también consigue información relacionada con el conflicto del Sáhara Occidental y la explotación del petróleo y el gas en aguas de Canarias, Marruecos, Sáhara y Mauritania.

Joan Herrera, diputado de IU-ICV, elevó ayer una nueva pregunta al Gobierno central relacionada con estas actividades de espionaje, que tendrá su conti- nuidad con la pregunta que el parlamentario europeo Raul Romeva elevará en Bruselas. La pregunta textual es la siguiente: "¿Existen en España Centros de Tecnología de Inteligencia Contraterrorista (CTIC) o similares gestionados por servicios de inteligencia estadounidenses? ¿Tiene concretamente el Gobierno constancia sobre el presunto emplazamiento de centros de esta naturaleza en Canarias, Baleares, Andalucía o Madrid?". Cuando en noviembre del año pasado se conoció la existencia de estos centros en 20 países, la vicepresidenta del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Interior, José Antonio Alonso, eludieron responder sobre el asunto, aunque nunca negaron que existieran varios de estos centros en España.

El diario The New York Times denunció a mediados del pasado diciembre que el presidente de EE UU George W. Bush autorizara desde 2002 que se espiaran llamadas telefónicas y correos electrónicos de miles de estadounidenses sin autorización judicial. En este contexto, los CTIC ubicados en países aliados de Estados Unidos controlados desde la central en París vulnerarían las legislaciones española y europea.

Vuelos, barcos, antenas...

A pesar de su oposición a la guerra de Irak y a la retirada de las tropas de este país, el Gobierno socialista mantiene los acuerdos y las actividades de defensa en coordinación con EE UU amparados por el convenio de 1988. Este convenio fue reforzado por el Ejecutivo de Aznar con el Protocolo de Enmienda de febrero de 2003, a través del cual EE UU obtenía permiso para realizar todo tipo de actividades militares y de espionaje en suelo nacional a cambio de facilitar información de su espionaje -principalmente sobre terrorismo-, tecnología militar, el acceso de las empresas españolas a los contratos del Pentágono y la entrada de capital norteamericano en las empresas españolas de defensa como Indra, EADS-Casa o Santa Bárbara. En estos acuerdos se enmarcan las escalas de los vuelos de la CIA, las de los buques de abastecimiento de armamento y la instalación de centros de escuchas en Canarias. La posición estratégica privilegiada del Archipiélago explicaría que hayan sido tantos los operativos en territorio insular.

Texto Completo de la pregunta elaborada por IU-ICV

A mediados de noviembre del pasado año 2005, el diario estadounidense Washington Post reveló la existencia de los denominados Centros de Tecnología de Inteligencia Contraterrorista, en siglas CTIC, adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ubicados en más de veinte países. La misión de los CTIC, según el rotativo, es proporcionar información crítica sobre presuntas actividades terroristas, que sería compartida mediante una petición formal de los servicios de inteligencia locales. Según esta información, la CIA compartiría parcialmente la información obtenida y, en caso de intervención, esta sería derivada a los servicios policiales locales. La alta tecnología utilizada permitiría a la CIA, con total impunidad, interferir y captar en el espacio radio-eléctrico todo tipo de comunicaciones privadas, con la aquiescencia de los servicios nacionales de inteligencia, que además sólo tienen un acceso parcial a las informaciones. Esto ocurre mientras la Unión Europea acaba de aprobar, en febrero pasado, una directiva de retención de datos de telecomunicaciones durante un período de seis a veinticuatro meses, con la circunstancia de que el acceso policial a los contenidos de los mensajes sólo será legal mediante orden judicial. En cambio, la denominada Ley Patriota (Patriot Act) vigente en los Estados Unidos permite a los servicios de inteligencia estadounidenses indagar en los archivos privados de cualquier ciudadano. El diario The New York Times denunció a mediados de diciembre pasado que el presidente George Bush autorizó desde 2002 que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiara las llamadas telefónicas y correos electrónicos de cientos de estadounidenses sin autorización judicial. En este contexto, los CTIC ubicados en países aliados de Estados Unidos y sus actividades de inteligencia dependientes de una agencia norteamericana pueden constituir una vulneración del derecho comunitario y de la legislación sobre protección de datos personales, situándose al margen del Estado de Derecho.

En relación con los CTIC, nuestro grupo expresa su preocupación por las actividades de inteligencia autorizadas en el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que entró en vigor el 12 de febrero de 2003, cuyo Artículo 12 podría estar amparando instalaciones de esta naturaleza, contando con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CIA). Cuando se hizo pública la existencia de estos centros de espionaje, en noviembre del año pasado, tanto la vicepresidenta del Gobierno como el Ministro del Interior eludieron responder, pero no negaron, si hay CTIC emplazados en nuestro país. Por ello, nuestro grupo pregunta al Gobierno:

¿Existen en España Centros de Tecnologías de Inteligencia Contraterrorista (CTIC) o similiares gestionados por servicios de inteligencia estadounidenses? Concretamente, ¿tiene el Gobierno constancia sobre el presunto emplazamiento de centros de esta naturaleza en Canarias, Baleares, Andalucía o Madrid? ¿Va a modificar el Gobierno el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación con Estados Unidos para eliminar las cláusulas que pudieran lesionar la soberanía nacional y evitar actividades de inteligencia que pudieran vulneran el derecho comunitario y español?

Fuente: La Opinión de Tenerife